El Pueblo de Guayana conformado por los movimientos revolucionarios de base
y representados por las comunidades organizadas de 44 Unidades de Desarrollo, la
clase trabajadora de 13 empresas básicas y los universitarios, hoy 12/06/2012,
consciente del momento estelar del proceso revolucionario que lidera nuestro
Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y especialmente de su franca
recuperación de salud; confiando plenamente en el poder de Dios y en las
enseñanzas de nuestro camarada Presidente, de denunciar y alertar las
actuaciones antirevolucionarias de quienes dirigen la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG) y la Gobernación del Estado Bolívar.
La inconformidad llego a su límite. La administración de las empresas y las
tierras del PUEBLO por parte de CVG, va en detrimento de la calidad de vida de
la familia guayacitana. El avance de la Revolución en Bolívar está amenazado por
violar el derecho constitucional a la participación protagónica del pueblo en la
solución de sus problemas, debido a intereses capitalistas y amañados de la
Corporación y a Francisco Rangel Gómez.
Esto ha provocando que el pueblo tenga que salir a las calles a manifestar su
descontento y ejercer presión, a fin de reclamar sus derechos y exigir
cumplimiento de los preceptos y lineamientos del Presidente.
Una élite dentro de la CVG lideriza el saboteo dentro de nuestras empresas
básicas y las lleva a la peor crisis que hayamos vivido “no por culpa del
Presidente Chávez como dicen los voceros de la oposición” sino por la gestión
inepta, corrupta y desestabilizadora de quienes dirige hoy día el Estado.
Es obvio que existe una agenda paralela al Gobierno Nacional en el Estado
Bolívar. Mientras el pueblo lucha por desarrollar el Plan Guayana Socialista,
ellos lo atacan y persiguen. Mientras la clase trabajadora se dedica a la
recuperación de las empresas, ellos las sabotean desde sus altos cargos dejando
de comprar insumos, equipos y repuestos. Mientras se hacen cambios en los trenes
gerenciales en las empresas, por solicitud de sus trabajadores, el presidente de
CVG Rafael Gil Barrios y el Gobernador Francisco Rangel Gómez salen en defensa
de estos gerentes que han contribuido con el descalabro de las empresas,
promueven la persecución política y defienden los despidos injustificados de los
trabajadores revolucionarios, tal es el caso de Ferrominera, Carbonorca,
Bauxilum, Alcasa, Refractarios, entre otras “sólo por no pertenecer a la
Fuerza Bolivariana de Trabajdores (FBT)”. Mientras la clase trabajadora defiende
sus derechos y se organiza para crear los Consejos de Trabajadoras y
Trabajadores, CVG ataca esta iniciativa y brinda apoyo a los sindicaleros
corruptos de la FBT. De esta manera, queda demostrado quienes son los verdaderos
representantes de las transnacionales en la región. Nuestra condición
revolucionaria no la determina un partido y mucho menos la plutocracia.
Todo apunta que el objetivo de la actual administración de CVG, es generar,
en esta coyuntura electoral un movimiento contra revolucionario para socavar al
Gobierno Nacional y hacer que fracase el Plan Guayana Socialista, para luego
justificar la entrega de nuestras empresas a los intereses del capital
transnacional, controlado por las grandes mafias existentes dentro de nuestro
parque industrial. Por eso desarrollan una campaña negativa en contra del
Control Obrero, los Consejos de Trabajadoras y Trabajadores y en contra la
Asamblea General del Plan Guayana Socialista.
De igual manera, sistemáticamente CVG desarrolla una política de ataque a las
comunidades organizadas y universidades contra su derecho a la tierra y una
vivienda digna, contrariando así nuevamente los grandes planes y proyectos
nacionales impulsados por la Gran Misión Vivienda Venezuela. CVG se ha
convertido en un Estado dentro del Estado venezolano.
CVG, creada en la IV República continua hoy día con prácticas capitalistas
atropellando al pueblo: no cumplió con el Plan Rector de la ciudad, más del 80%
de las comunidades se levantaron por ocupaciones irregulares por falta de
respuesta de las instituciones; obstaculiza a las comunidades organizadas para
que puedan emprender sus proyectos de viviendas; secuestra las tierras del
pueblo con anuencia de la Alcaldía de Caroní violentando los artículos 181 y 184
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)
convirtiéndose en el mayor latifundista urbano de todos los municipios del país;
y para colmo, vende las tierras a precios exorbitantes, apartando el sentido
social y el derecho a la tierra, sin ni siquiera dar una titularidad de tierras
que le permita al pueblo acceder a mecanismos de financiamiento para la
construcción de viviendas.
Vemos con preocupación, como se levantan vertiginosamente y sin mayor
complicación grandes edificaciones con apartamentos de lujo, centros comerciales
y ventas de autos en tierras privilegiadas del Municipio; pero a las comunidades
organizadas con más de 15 años, que han realizado estudios de suelo e impacto
ambiental, movimientos de tierra, avances considerables de sus urbanismos e
incluso han llegado a adelantar dinero a CVG, no les dan su título de propiedad.
Es indignante, como se cobran altas sumas de alquiler de tierras y luego por
el interés de venderlas al mejor postor, la Gerencia de Bienes e Inmuebles,
promueve el desalojo de los pequeños comerciantes y de humildes pobladores.
Excusas van y vienen, el tiempo pasa, funcionarios salen y entran a dicha
gerencia, pero el pueblo siempre queda asfixiado.
Es doloroso como se desplazo al pueblo del Municipio de Piar, en la reciente
entrega del complejo habitacional en Upata, desconociendo la necesidad de
vivienda de los upatenses. Ahora nadie es responsable de esta situación. Esto es
una pequeña muestra de que no existe un plan serio de vivienda en el Estado
Bolívar y al mínimo respeto a la organización popular.
Tratando de lavar la cara de la gestión actual, el pasado sábado 09-06-12 la
CVG entregó un lote de documentos de titularidad de la tierra pero la deuda con
el pueblo se mantiene casi intacta.
Por todo lo anterior expuesto le solicitamos al Gobierno Nacional:
1. Abrir una investigación a todos los funcionarios de la CVG y presidentes
de empresas (pasados y presentes) para constatar las irregularidades existentes,
a los fines de corregir lo que haya que corregir y aplicar las medidas
administrativas y penales que correspondan.
2. Designar una Comisión de Alto Nivel para Ciudad Guayana, para que junto
con el poder popular y la contraloría social desmonten todas las injusticias y
negocios que hay detrás de la Administración de CVG, y sobre todo se restablezca
el estado de derecho y justicia.
3. Reactivar la Comisión Presidencial para reimpulsar el Plan Guayana
Socialista.
4. “No mas importados” queremos funcionarios y gerentes electos por nuestras
bases.
5. Dar respuesta inmediata a la problemática habitacional y de tierras que
presenta el pueblo guayanés.
6. Hacer cumplir los artículos 181 y 184 de la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela.
Irreverentes en el discurso, pero leales en la acción…,
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
RUMBO A LA VICTORIA DEL 7 DE OCTUBRE
Estas firmas son única y exclusivamente para avalar, el MANIFIESTO DEL PODER
POPULAR POR LA DEFENSA DE GUAYANA 12/06/2012, a ser entregado a la Presidencia
de la República Bolivariana de Venezuela.
COLECTIVOS FIRMANTES
DEL MANIFIESTO
UD131,UD132,UD245,UD246,UD247,UD292,UD297,UD298,UD299,UD300,UD305,UD306,UD307,
UD280,UD308,UD309,UD335,UD336,UD337,UD338,UD339,UD340,UD500,UD600, SINDICATOS DE
LAS EMPRESAS, INDORCA, CALDERY, SIDETUR EQUIPETRO, REFRACTARIO, FRIOSA, PGS,
FSTA, COLECTIVO CONTROL OBRERO CVG VENALUM, CONSEJOS COMUNALES, SINDICATO DE
BAUXILUM CARBONORCA, CAVELUM, SIDOR, COALICION SIDERURGICO. UD 131 con 6300
familias . UD 298 con 43 asociaciones de 3300 familias . UD 297. Con 300
familias. UD 245 con 150 familias. Villa La UNEG. Con 800 familias . UD 339 con
1600 familias. Los concejos comunales de Francisca Duarte. Villa Roberth .
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